Revista de Garantismo y Derechos Humanos

Resumen

El presente artículo analiza el ambiente político que imperó en la ciudad de México en el devenir del año 1857 con motivo de la promulgación de la Constitución Política el 5 de febrero y su posterior jura el en el mes de marzo. Se destaca la inconformidad que este precepto ocasionó así como las maquinaciones que en la capital se gestaron en contra de la Carta federal al considerar que atentaba contra las creencias religiosas y la Iglesia, así como por los inconvenientes que para el Ejecutivo implicaba gobernar con ella. El punto más álgido de estas desavenencias sobrevino el 17 de diciembre cuando el presidente Ignacio Comonfort desconoció la constitución, acción con la que se interrumpió el orden legal. Si bien algunas autoridades lo apoyaron otras lo condenaron, este fue el caso del gobernador de Distrito Federal y del ayuntamiento de la ciudad de México. De lo anterior, este texto estudia la postura que asumieron estas potestades ante el llamado golpe de Estado así como los factores, tanto filiaciones políticas como vínculos de amistad y personales con el encargado con el Ejecutivo, que llevaron al primero a adherirse a él y al segundo a condenar su proceder.

Abstract

This article explores the political environment that prevailed in Mexico City at the becoming year of 1857 on the occasion of the promulgation of the Political Constitution on February 5th and its subsequent swearing in on March. It´s worth mentioning the disa-greement that this precept caused, as well as the machinations that took place in the capital against the Federal Charter, considering that it was an attack against religious beliefs and the church, as well as the inconveniences that governing with it implied for the Executive. The highest point of these disagreements occurred on December 17th when President Ignacio Comonfort disregarded the constitution, an action that interrupted the legal order. While some authorities supported it, others condemned it, as was the case with the governor of the Federal District and Mexico City's City Hall. From the above, this text studies the position assumed by these powers before the so-called state coup as well as the factors, both political affiliations and friendship and personal ties with the person in charge of the Executive, which led the former to adhere to it and the latter to condemn its actions.

Conceptos clave: Constitución, Ciudad de México, golpe de Estado, Ayuntamiento, Distrito Federal.

Keywords: Constitution 1857, legality, State Coup, Federal District, town hall.

* Licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo mención honorífica en sus exámenes de grado de la maestría y el doctorado. Ha participado como ponente y conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales.

“Considerando: que la mayoría de los pueblos no ha quedado satisfecha con la Carta fundamental que le dieran sus mandatarios, porque ella no ha sabido hermanar el progreso con el orden y la libertad, y porque la oscuridad en muchas de sus disposicio-

nes ha sido el germen de la guerra civil”. Art. 1 del Plan de Tacubaya, 17 de diciembre de 1857

1. Introducción

   El 17 de diciembre de 1857 una salva de veintiún cañonazos disparados desde el edificio de la Ciudadela anunció a la ciudad de México el pronunciamiento de la brigada Zuloaga al amparo del plan de Tacubaya, documento que desconoció la Constitución Política que se había promulgado en el mes de febrero de ese año. La respuesta de las autoridades civiles y militares ante esta interrupción del orden legal fue distinta a nivel nacional todo ello con base en sus filiaciones políticas y a los vínculos que mantenían con el encargado del Ejecutivo, de ahí que, mientras unas lo apoyaron otras lo condenaron, este fue el caso del gobernador de Distrito Federal y el ayuntamiento de la ciudad de México.1 De lo anterior que el presente texto tiene por objetivo analizar cuál fue la postura que asumieron estas potestades ante el llamado golpe de Estado así como los factores que llevaron al primero a adherirse a él y al segundo a protestarlo.

   El trabajo está estructurado en cuatro apartados: en el primero se estudia la inconformidad que a nivel nacional ocasionó el decreto presidencial que obligaba los funcionarios y empleados públicos jurar la nueva Constitución, con la consigna de que aquellos que no lo hicieran serían separados de sus cargos; se ve la respuesta de las autoridades civiles y militares a este precepto y cómo fue recibido en el ámbito nacional. El segundo resalta cómo se gestó el golpe de Estado y el desconocimiento a la Constitución en la ciudad de México, las redes que se entretejieron entre diputados, capitulares, miembros de la guardia nacional y del ejército permanente para tal fin. El tercer apartado se centra, por una parte, en analizar los motivos que tuvo el general Agustín Alcérreca, gobernador del Distrito Federal, para adherirse al atentado al orden legal, por la otra, reflexiona sobre los factores que llevaron al cuerpo municipal para protestar el proceder del Ejecutivo. El cuarto y último, es una reflexión sobre las consecuencias que en el ámbito local y nacional tuvo el rompimiento legal, una de ellas la guerra civil de Reforma que habría de postergarse por tres años.

   
   

2. La Constitución de 1857: promulgación, jura y desavenencias políticas

   El 18 de febrero de 1856, con base en los postulados del plan de Ayutla del 1 de marzo de 18542 reformado en Acapulco once días más tarde, en la ciudad de México se instaló el Congreso constituyente extraordinario que tendría como tarea fundamental la de “constituir a la nación bajo la forma de República representativa popular”, es decir debía dotarla de una Constitución. La responsabilidad de los diputados no se limitaba a esta difícil labor, ya que también debían dotar a ésta de las “las leyes orgánicas”, como bien lo ha señalado el doctor José Luis Soberanes Fernández.3

   No fue sino hasta el 5 de febrero de 1857 que fue promulgada la nueva Constitución Política, misma que días más tarde el presidente interino Ignacio Comonfort y los diputados juraron cumplir y hacer cumplir. Por la trascendencia del acontecimiento se dispuso que a la ceremonia de la jura y firma de la carta federal asistieran las principales autoridades del país, debido a ello concurrieron a Palacio Nacional los encargados de los distintos despachos de Estado, jefes militares, el gobernador de Distrito Federal y el Ayuntamiento de la ciudad de México.4

   Si bien la carta constitucional fue recibida con entusiasmo, aunque con ciertas reservas en los círculos políticos de filiación liberal a nivel nacional en particular con la facción moderada, no ocurrió lo mismo con los grupos de tendencia conservadora que consideraron que aquella atentaba contra la Iglesia y la religión católica, lo que ocasionó una oposición a la misma y que se ahondaran las divisiones políticas que se venían dando desde meses atrás pues sus detractores la acusaron abiertamente de ser la causante de los males de la nación, motivo por el cual las revueltas en contra de la constitución se extendieron a lo largo y ancho del país.5

   Lejos de atender el descontento en contra de la carta federal, el presidente interino consideró que ésta debía ser jurada por todas las autoridades y empleados públicos, ya fueran civiles o militares. Debido a ello, el 17 de marzo expidió un decreto en el que ordenaba su juramento acentuando que aquellos funcionarios que no lo hicieran no podrían continuar en el ejercicio de sus cargos.6 Para que éstos pudieran realizar la jura en bandos oficiales que se pegaron en las calles de la ciudad de México y que aparecieron publicadas en los principales periódicos, se reprodujo la fórmula del juramento señalada por el Ejecutivo que al pie decía: “Jurais guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República Mexicana, expedida por el Congreso Constituyente en 5 de Febrero de 1857? –Sí juro.- Si así lo hiciereis Dios os lo premie, y si no, él y la Nación os lo demanden”. Este modelo es importante tenerlo presente porque nos permitirá entender la posición que asumieron algunas autoridades meses más adelante, en particular el cuerpo municipal de la capital.

   Como era de esperarse, la disposición del Ejecutivo no fue bien acogida por algunos sectores, uno de ellos la Iglesia. De lo anterior que el arzobispo de México hizo saber a los feligreses que no era lícito jurarla, pero no solo eso pues apuntó que se negaría los sacramentos a aquellas personas que lo hicieran.7 En una sociedad de arraigo católico como lo era la mexicana del siglo XIX la exhortación del máximo jerarca del clero católico mexicano originó temor y zozobra entre la población, por lo que muchos funcionarios se negaron a prestar el juramento, motivo por el que fueron separados de sus cargos;8 sin embargo, otros se mantuvieron firmes y la juraron siendo esta la causa por lo que fueron excomulgados. En relación a este punto la historiadora Erika Pani refiere que “La tormenta que desató la polémica del juramento fue violenta: [pues] corrieron parejas renuncias y excomuniones”. 9 Ahora, si bien el enfrentamiento con la Iglesia fue directo, para el gobierno era preciso ordenar el juramento pues, con base en la misma autora, Comonfort deseaba “asegurarse que la constitución sería acatada por quienes debían implementarla, pero también ponía de manifiesto la necesidad percibida de que había que amarrar la obediencia a las leyes a algo que estuviera más allá de la ‘obligación’ natural del ciudadano, que se somete a las leyes por estar por ellas protegido, y más cuando, como en el caso en una república, las leyes representaban la encarnación de la voluntad general”.10

   Robert Knowlton, describe que el juramento a la constitución fluctuó en cada ciudad y pueblo de la república; mientras en unas poblaciones se dio una férrea oposición en otras hubo una pronta aceptación, no sólo de parte de las potestades civiles e incluso de las religiosas.11 Este fue el caso de la capital del estado de Oaxaca, en donde al momento de verificarse la jura se realizó un Te Deum en la catedral; situación similar acaeció en el

   estado de Tabasco, en donde un vicario solicitó “al clero respetar la Cons-titución”.12 En el ámbito civil la respuesta fue similar a la postura de las autoridades eclesiásticas en muchas poblaciones, aunque más conciliadora. Así quedó de manifiesto en la municipalidad de Calimaya en el Estado de México, en donde el presidente municipal fue de la opinión de que la Constitución tocaba puntos que afectaban “nuestra santa religión”, por lo que dijo que no le era lícito publicarla y mucho menos jurarla; no obstante, dejó en libertad a los demás empleados de ese ayuntamiento para recono-cerla o no.13

   En la ciudad de México el decreto para juramentarse generó fricciones entre el gobierno federal y algunos capitulares. El 19 de marzo, día señalado por el decreto presidencial para efectuarlo, el Ayuntamiento lo prestó, por sí y por la ciudad a la que representaba, ante el gobernador del Distrito Federal, Juan José Baz;14 sin embargo, los regidores Antonio Suárez Peredo y Ramón Alfaro se negaron a reconocer el texto constitucional, circunstancia por la que fueron separados de sus cargos, inclusive al último se le separó también del empleo de director de sala que tenía en el hospital de San Hipólito. La postura de estos personajes no debe causarnos asombro debido a los antecedentes y a las filiaciones políticas que profesaban, las que estaban apegadas al ideario conservador e incluso monarquista, el primero, por ejemplo, figuró en el Ayuntamiento de 1849, el que se integró por connotados conservadores, siendo uno de ellos Lucas Alamán en calidad de presidente, sin olvidar que fue de los personajes que formó parte de la comisión que en 1864 viajó a Miramar para ofrecer la corona de México al archiduque Maximiliano de Habsburgo.15

   La aversión a juramentarse no fue exclusiva de los munícipes, posición semejante la asumieron otros empleados de las distintas oficinas del Ayuntamiento como José María Mareso, conserje de la municipalidad, Regino Rojas, administrador del rastro de la ciudad, Ángel Ponce de León, Alcalde de la Cárcel Nacional, Juan N. Rosell, Sota Alcalde de la Cárcel de la ciudad, Luciano González administrador de Mercados, José del Pilar Mercado, administrador del hospital de San Lázaro, Felipe de Jesús Haro, administrador del fiel Contraste, y Joaquín González de la Vara, por mencionar solo algunos.16 Todos ellos, al igual que Suárez Peredo y Alfaro, fueron destituidos de sus cargos por el gobierno nacional. A este respecto el entonces congresista de filiación liberal Francisco Zarco consideró que aquellas separaciones estuvieron justificadas pues, en su opinión, “todos los cargos públicos derivan de la Constitución y, por lo tanto, no pueden ejercerse por los que no reconocen su autoridad”.17 Reflexión sin duda acertada debido al contexto político de país.

   Ahora bien, a la par del decreto federal que exigía el juramento se extendieron los brotes de inconformidad en diversas ciudades del país como Lagos, San Juan de los Lagos, San Luis Potosí, Morelia, Zamora, Celaya y Toluca. Bajo el reiterado argumento que la carta magna atacaba a la religión, civiles y militares se levantaron en armas contra el gobierno, tal fue el caso de Remigio Tovar quien, en compañía “de un grupo de amigos, parientes y vecinos”, se levantó en armas en el estado de Jalisco. Por su parte Juan Vicario, Manuel Piélago y Marcelino Cobos lo hicieron al grito de “religión y fueros” en Estado de México, exigiendo la derogación de la Ley Lerdo y la Constitución.18

   Por lo demás, el tema del juramento sobrecogió al país todo en el transcurso de 1857, lo que es importante señalarlo, pues esta agitación nos permitirá entender los acontecimientos políticos de finales de ese año una vez que se atentó contra el orden constitucional establecido.

   
   

3. Camino a la ruptura del orden legal

   Silvestre Villegas ha señalado en trabajos recientes que la situación para el país a finales del año de 1857 se presentaba complicada para el gobierno que había dimanado de la revolución de Ayutla. Para este autor, el ámbito político, social y militar en el contexto nacional:

   […] no era normal; era el punto previo a la conflagración generalizada; era el tiempo en que había un sin fin de asonadas por todo el país; era el tiempo cuando se estaba reduciendo al orden a los insurrectos de San Luis Potosí; […] cuando también el cura Ortega de Zacapoaxtla le previno directamente al presidente Comonfort que se tramaba asesinarle. Era en fin, el tiempo cuando

   el Poder Ejecutivo lanzó sus últimas leyes reformistas que afectaban los intereses de la Iglesia, cuando la quiebra del erario era inminente y se sospechaba de un golpe de estado.19

   
   

   La cita anterior resume cabalmente el estado de incertidumbre y agitación que vivía la república mexicana. Ignacio Comonfort había comenzado su administración, en diciembre de 1855, no con pocas dificultades, las que no se superaron en el segundo año de su gobierno, tan es así que en el último trimestre de 1857 en los círculos políticos de la ciudad de México se hablaba de posible un golpe de Estado.20

   Enterado de aquellos rumores, Comonfort mandó a llamar a Manuel Payno, Juan José Baz, y Félix Zuloaga, amigos y colaboradores suyos, quienes le dieron su punto de vista acerca de la Constitución y los inconvenientes que para el Ejecutivo implicaba gobernar con ella. Éstos la descri-bieron como un estorbo que debía eliminarse, palabras que no sorprendieron al primero quien, de alguna manera, compartía las mismas ideas, así lo había dejado ver el 1 de diciembre cuando tomó posesión como presidente constitucional.21 En el discursó que para la ocasión preparó, apuntó que sería pertinente “hacer al código fundamental saludables y convenientes reformas”, frase en la que más de un diputado percibió “ciertas reservas que indicaban su poca adhesión a gobernar con el nuevo código”.22 Fue así que Comonfort tomó la resolución de disolver el Congreso y desconocer la Carta Magna, mas, antes de hacerlo, tenía que ver cómo lo ejecutaría y con qué personajes contaba para tal fin.

   La historiografía especializada en la guerra de Reforma ha señalado que para Comonfort era transcendental, antes de llevar a cabo la empresa referida, ganar adeptos en el interior, es decir contar con el respaldo del mayor número de estados, para ello envió emisarios a diferentes demarcaciones a fin de informar a los gobernadores y jefes militares del movimiento que proyectaba y así saber si estaban dispuestos a apoyarlo llegado el momento. En algunas entidades como Puebla, Veracruz, México y San Luis Potosí, la idea del plan que se orquestaba en la ciudad de México fue bien recibida por las autoridades políticas y militares que acordaron cooperar con el gobierno en cuanto se les diesen instrucciones.

   La ciudad de México era la que más le interesaba al encargado del Ejecutivo ganar para su causa ya que sería en ésta donde se verificaría el movimiento; sabía, sin embargo, que la tarea e presentaba complicada debido a que los principales batallones de la guardia nacional estaban comandados por liberales de vertiente pura, es decir radicales.23 En este sentido, Juan José Baz, confiado en la ascendencia que tenía en los círculos de la capital, se comprometió a que la milicia del Distrito Federal secundaría el cambio político, indicándole al presidente que él respondía de ella. Su convencimiento no terminó ahí pues también le aseguró que el levantamiento contaría con el apoyo de los regidores Agustín del Río y Miguel López. Éstos eran, además de amigos suyos, jefes de la guardia nacional, aspecto que no era para menos pues podría utilizarse su influencia para ganar adeptos entre los batallones acuartelados en la ciudad el día que tuviese lugar el golpe contra la Constitución.

   En este punto debemos preguntarnos por qué Baz estaba seguro de que los capitulares y la guarnición de la capital se adherirían al movimiento.

   ¿Sería por las relaciones políticas y militares que había entretejido con ellos años atrás cuando fue gobernador Distrito Federal? ¿o fue por las redes que tendió como munícipe que pensó que Del Río y López lo apoyarían?24 Es probable que se debiera a ambas razones, sin el olvidar que él había ayudado a formar los cuerpos de la guardia nacional un año antes para combatir los levantamientos “reaccionarios” que habían estallado en distintos puntos del país.25

   En relación al apoyo que los ediles referidos darían al movimiento, Comonfort, dudaba de Agustín del Río, por ello fue de la idea que por el momento no debería decírsele nada; más adelante, cuando la conjura tuviera más forma, se le informaría para ver si se contaba con él o no. Respecto a López, al igual que otros oficiales de la guardia nacional, se propuso que fuera el propio Baz quien lo tratara pues al parecer del supremo magistrado, no había “nadie mejor que [él] para hablarles” y explicarles lo que se proyectaba.26 Hay indicios de que éstos no eran los únicos munícipes a quienes se invitaría a tomar parte en la conspiración, las fuentes in-fieren que el síndico José María Pedreguera estaba de acuerdo con los gol-pistas; evidencia de esto es que días más tarde acompañó a Manuel Sili-ceo,27 a Juan José Baz y a Mariano Navarro28 a Tacubaya villa en la que, de común acuerdo con Félix Zuloaga, escribieron las proclamas que se harían públicas una vez que se desconociera la constitución.29

   Si bien se consideró a Del Río, López y Revilla, ninguno concurrió a la última reunión que, previa al golpe, se realizó en la casa de Juan José Baz

   - en la calle de Meleros a un costado de Palacio Nacional-, en la que participaron los diputados José María Castillo Velasco,30 José Valente Baz, 31 Miguel Buenrostro,32 y Peña33 quienes, con excepción del último, manda-ban cuerpos de la guardia nacional. Asistieron también Luis Picazo y Luis Salcedo, quienes eran jefes de los batallones Hidalgo y Mina, respectivamente. El respaldo de la milicia y el ejército permanente, como podemos ver, era indudable, de ahí que se confiaba en el éxito del movimiento político.

   Ahora bien, en la reunión a todos se les hizo saber que el objetivo de la misma ya no era meditar sobre si se apoyaría o no el golpe contra la Carta Federal, sino evitar que éste se verificara. Los concurrentes fueron de la idea de que la propuesta de Juan José Baz era imposible de realizar porque tanto Valente Baz, Castillo y Buenrostro no disponían en ese momento de fuerzas en la capital, y debido a que el cuerpo que comandaba Picazo pertenecía a la brigada de Zuloaga -de las tropas regulares- quien era uno de los principales promotores del movimiento que se quería impedir. El único que disponía de tropas de guardias nacionales en ese momento era Salcedo, pero éstas se hallaban en la Ciudadela en medio de “mucha tropa permanente” que no le permitirían moverse.34

   Ante este escenario, Juan José Baz propuso a entonces “disimular” simpatía por el golpe, esto con el único propósito de que los asistentes pudieran conservar el mando de sus cuerpos y más adelante, si la situación lo permitía, efectuar con ellos un movimiento contrarrevolucionario. Si esto no era posible, precisó, debían renunciar al mando de sus fuerzas una vez que estallara la revolución.35 Debido a la comprometida situación en que se hallaban todos estuvieron de acuerdo con esta última propuesta.

   En relación a los capitulares en funciones, así como los que en otros años habían servido en el Ayuntamiento, se puede afirmar que decidieron colaborar con Comonfort debido a los lazos de amistad que tenían con él, los que comenzaron a entretejerse, por lo menos, desde 1846-1847 cuando todos fueron parte de los batallones de la guardia nacional de la ciudad de México, formados para defenderla del ejército estadounidense. Estos cuerpos se constituyeron por jóvenes “acomodados”, tal fue el caso de José María Revilla y Pedreguera, Manuel Payno, José María Picazo y Juan José Baz.36 Otros miembros del concejo de 1857 fueron aquellos jóvenes a quienes Guillermo Prieto denominó “Calaveras”, y definió como “alegres, manirrotos, valientes, enamorados, caritativos y generosos”, entre ellos Agustín del Río. A esta generación los unificaba su filiación liberal, la que defendieron a través de la prensa, desde la cual Payno y Baz forjaron “fo-lletos diabólicos escritos con hiel de víboras y con ácido prúsico”, en contra de las administraciones de Mariano Paredes y de Antonio López de Santa Anna, las que se caracterizaron por ser de tendencia conservadora y dictatorial.37

   De lo anterior somos de la idea que tanto Comonfort como Baz consideraron que más de un capitular colaboraría en el golpe que se proyectaba. Su ayuda sería fundamental pues para muchos de ellos el uso de las armas para defender sus filiaciones políticas no les era ajeno, de ahí el interés de atraerlos a su causa.

   Líneas arriba hemos hecho referencia a los vínculos de amistad y políticos que Comonfort mantenía con miembros de la guardia nacional y del ayuntamiento de la ciudad de México y a la postura de éstos frente al plan que se gestaba, mas no conocemos la actitud del gobernador del Distrito Federal, general Agustín Alcérreca, es decir, si éste tomó parte en las juras conspirativas en contra de la Constitución que se verificaron en la capital. Las fuentes y los testimonios de la época no hacen referencia a él; pero es indiscutible que estuvo al tanto de la confabulación, inclusive que se hubiera comprometido a secundar el golpe de Estado pues era incondicional del presidente Comonfort como se verá más adelante.

4. Dos posturas contrapuestas: el gobernador del Distrito Federal y el Cuerpo Municipal frente al atentado contra la Constitución Política

   Descrito el contexto político que imperaba en la república a finales de 1857, llegamos al 17 de diciembre día en que a las cinco de la mañana la voz de los cañones participó el pronunciamiento que derogaba la Consti-tución;38 con esta acción se consumó el atentando contra la legalidad que desde días antes pregonaban los “rumores” que corrían en los círculos políticos de la capital. Anselmo de la Portilla, personaje coetáneo al suceso, registró en su obra México en 1856…, que cuando el golpe se hizo público, no encontró oposición alguna: “nadie se atrevió a moverse; nadie osó levantar la voz contra él”, proceder que también sobrecogió al ministro francés Alexis de Gabriac quien en un informe diplomático que envió a su gobierno apuntó: “Todos quedaron sorprendidos y descontentos por la forma del golpe de Estado”.39

   Los testimonios arriba referidos nos hablan de lo expedito con que se llevó a cabo el movimiento político y militar, lo que se confirma con el hecho de que en la madrugada de aquel día el general Félix Zuloaga, al frente de su brigada, ocupó la ciudad sin incidentes y sin hallar resistencia alguna, lo que al parecer se debió no tanto a lo súbito, aunque vaticinado, del golpe, sino a que, como expresó el coronel Manuel Balbontín, “ocurría el caso de que el mismo gobierno era el pronunciado.”40 De ahí que en un primer momento, no hubiera enemigos que combatir. El atentado contra de la legalidad representada en la Constitución Política promulgada el 5 de febrero había triunfado, al menos en la ciudad de México y por lo pronto eso bastaba.

   En la ciudad de México el plan de Tacubaya pronto encontró eco en distintos sectores y personajes, ya fueran políticos y militares. El mismo día 17 se adhirieron y lo adoptaron “en todas sus partes” el cuerpo de Artillería, el batallón permanente de Rifleros, la guarnición del fuerte de Chapultepec, el cuerpo de la dirección general de Ingenieros, el cuerpo de antiguos patriotas, la Mayoría de Órdenes, los batallones activo fusileros de Toluca, Zapadores de Balderas, de la Libertad, el primero de Auxiliares del ejército tiradores de Guerrero, el Degollado de la guardia nacional y la brigada de artilleros a caballo, por mencionar solo algunos. Como podemos ver tanto de cuerpos del ejército permanente y como de la guardia nacional lo apoyaron como se habían comprometido.41

   Una de las primeas adhesiones, y que es de interés para el presente trabajo, fue la del gobernador del Distrito Federal, Agustín Alcérreca. Al hacerlo el propio 17 dirigió una proclama a los habitantes del Distrito Federal en la que mencionó, sin duda justificándose, que si adoptó el cambio político lo hizo únicamente para conseguir “la felicidad de mi patria”, mas su alocución no terminó ahí. Al hablar de la carta constitucional, fue de la idea que era imposible que ésta pudiera proporcionar al país “la seguridad, la paz y el bienestar que buscan todos los hombres reunidos en sociedad” y adelantándose a las críticas que pudiera recibir por su proceder apuntó: “Yo tengo la convicción de que este paso, que podrá calificarse desfavorable por las exigencias de los partidos, será, sin embargo, bien recibido por todas aquellas personas que huyen de las exageraciones y que aman con sinceridad y buena fe la libertad justa y bien entendida”.42 Así, alentó a los vecinos de la capital, en particular a las “personas de ilustración y honradez de cualesquiera que sea su opinión pública”, a unir esfuerzos y apoyar a Comonfort con las siguientes palabras:

   Los habitantes de esta hermosa ciudad, que conocen el carácter suave y humano del Exmo Sr. Comonfort, no deben temer que ni sus creencias, ni sus intereses, ni sus libertades sean ataca-das, y por mi parte, en la esfera de mis atribuciones, ofrezco con-sagrarme con el empeño que cumple a mis deberes, a que se conserve inalterable la tranquilidad pública, y a que día por día se hagan esfuerzos de todo género para asegurarla.43

   
   

   De la proclama de Alcérreca hay varios los aspectos que podemos resaltar. Lo primero es que su conducta no debe sorprendernos ya que era incondicional del primer magistrado de la nación quien lo había designado gobernador del Distrito Federal el 12 de octubre, debido a que Juan José Baz, su antecesor, fue nombrado diputado en el Congreso Constitucional.44 El bando que hizo público su nombramiento apuntó Alcérreca Leyva ocuparía aquel cargo con el carácter de interino, mientras Comonfort designaba a la persona que habría de desempeñarlo de manera definitiva.45 Lo anterior nos permite entender los vínculos políticos y de amistad que tenía con el Ejecutivo y cómo éstos, más que su filiación, fueron factores que lo determinaron a adherirse al plan de Tacubaya.46

   Dicho lo anterior, es pertinente preguntarnos en este punto por qué Alcérreca tenía tanta confianza en que podría mantener el orden en la ciudad. Somos de la idea que esto lo debió fundamentar en que daba por sentado que el atentado contra la Carta Magna sería apoyado por los principales batallones del ejército de línea y de la guardia nacional del Distrito Federal y por lo mismo no habría enfrentamientos armados como en efecto ocurrió. De hecho, en un primer momento, la tranquilidad en la ciudad de México no se trastocó.47 Sin embargo, su afán de que los habitantes honrados e ilustrados apoyaran a Comonfort no tuvo lugar pues lejos de sumarse al golpe político, funcionarios y empleados lo condenaron; evidencia de ello es que algunos, censurando los hechos que se acababan de verificar, renunciaron a sus cargos, proceder que también imita-ron varios ministros y diputados, quienes protestaron contra lo que llamaron “un crimen sin ejemplo en los anales de la república”, después de lo cual abandonaron la capital. Su postura era de esperarse, debido a que meses atrás habían jurado la carta constitucional que ahora se transgredía.

   Por lo demás, si bien Comonfort contó con el gobernador del Distrito Federal y batallones del ejército permanente y de la Guardia Nacional, no todas las autoridades establecidas en la ciudad de México aprobaron el plan de Tacubaya. Así ocurrió con el gobierno local, es decir el Ayuntamiento, que lejos de adherirse a él, al medio día del 17 de diciembre, en sesión extraordinaria de cabildo, regidores y síndicos levantaron un acta en la que dieron a conocer que, en virtud de haber cesado el orden constitucional, mismo que como corporación y en lo individual habían jurado guardar y hacer guardar con base en la fórmula del bando de 17 de marzo, declaraban disuelto el cuerpo municipal, al tiempo que solicitaron que su determinación se hiciera saber al encargado del Ejecutivo y Alcérreca. No solo eso, para que los vecinos de la capital conocieran su conducta y su apego al marco legal, requirieron que el documento referido fuera publicado en el periódico El Monitor Republicano, que, además de ser de filiación liberal, era uno de los más importantes en la ciudad.48

   La resolución anterior no debe extrañarnos. Si bien el ayuntamiento había sido designado por Comonfort en el mes de agosto, éste no le fue incondicional una vez que se quebrantó el marco constitucional, actitud que obedeció a que en su mayoría estaba integrado por personajes de filiación liberal como Florencio M. del Castillo Velasco, el jurista Justino Fernández y el médico Gabino Barreda. Entre los capitulares firmantes del acta estaban, además, Agustín del Río, José María Revilla y Pedreguera y Miguel López, individuos de quienes, como ya se mencionó, el gobierno esperaba apoyarían el movimiento..49 No obstante, días más tarde los primeros se pondrían a las órdenes de Comonfort, mientras que el ultimo, tan pronto como se consumó el golpe de Estado, “se retiró a su casa sin hacer escándalo y sin ruido”.50

   Todo indica que el movimiento del 17 de diciembre fue el pretexto que algunos diles buscaban para renunciar por las diferencias que desde meses atrás mantenían con el Ejecutivo y el gobernador del Distrito Federal. Con esto no podemos afirmar que sus separaciones se debieran a disputas con Comonfort, sino que, por su postura liberal el golpe contra la legalidad que representaba la Carta Magna, misma que por convicción u obligación habían jurado, fue motivo suficiente para presentar su dimisión. De hecho el Ayuntamiento de la ciudad de México fue la primera autoridad a nivel nacional que condenó el movimiento que quebrantó el orden legal.

   Como es de presumir, Agustín Alcérreca continuó en su cargo como gobernador al apoyar el golpe de Estado, no así el concejo, cuya renuncia tuvo algunas repercusiones a nivel local entre ellas que no se pudieran atender varios rubros de la administración como la recaudación de fondos municipales y el ramo de policía. Mas esta situación no duró mucho pues Comonfort designó un nuevo Ayuntamiento, el que tendría carácter provisional y funcionaría mientras se expedía una ley electoral que permitiera su renovación.51 Los nuevos capitulares tomaron posesión de sus cargos la tarde del 26 de diciembre, pero no todos los personajes designados aceptaron formar parte de la corporación, debido a sus credos políticos.52

5. Consideraciones finales

El año de 1857 fue trascendental para la república mexicana. La promulgación de la Constitución Política en el mes de febrero y su posterior jura representó un parteaguas para la historia del país; no obstante, su contenido no dejó conforme a los grupos políticos del país, evidencia de ello fueron los continuos movimientos militares que se desarrollaron a lo largo y ancho del territorio nacional. Si bien más de uno de éstos levantamientos fueron resultado de las leyes reformistas que se dieron al triunfo de la revolución de Ayutla, en particular durante la administración de Ignacio Comonfort, las rebeliones y conjuras en contra de éste se incrementaron en el devenir de 1857; sin embargo, la efervescencia política y militar encontró su punto más álgido en el mes de diciembre al quebrantarse el orden constitucional con el plan de Tacubaya, plan al que el propio encargado del Ejecutivo se adhirió dos días más tarde.

La respuesta de las autoridades a nivel nacional contra el atentado a la carta magna fue distinta de una población a otra, mientras algunas se adhirieron al plan del 17 de diciembre otras lo condenaron. En el presente texto vimos la postura que asumieron distintas potestades frente el golpe de Estado y los motivos que los llevaron a apoyarlo o bien a protestarlo por lo que esta transgresión significó: la ruptura del orden legal. Destacamos los motivos que tuvo el gobernador del Distrito Federal para secundar el cambio político y en contraparte los que manifestó el cuerpo municipal de la ciudad de México para no hacerlo. Esto es interesante distinguirlo, pues si bien ambas autoridades fueron designadas por el supremo magistrado de la nación, ya por lazos de amistad o bien por las filiaciones políticas afines a las suyas -liberales moderados- esto no le garantizó el apoyo del Ayuntamiento que, lejos de serle incondicional como lo fue Agustín Alcérreca, criticó y se manifestó en su contra. La filiación y formación de los regidores y síndicos nos permitió entender la defensa que hicieron del orden constitucional, mismo que ellos habían jurado defender. El que la corporación no hubiera sido elegida “popularmente” y que desde años atrás muchos de sus integrantes tuvieran vínculos de amistad con el presidente no implicó que aceptaran la ilegalidad y lejos de ser partícipe de ella optaron por disolverse.

Para concluir, el plan de Tacubaya y las reformas que se le hicieron a ése el 11 de enero de 185853 no solo originaron la ruptura del orden legal

-aunque es pertinente mencionar que el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez gobernó al amparo de la Constitución de 1857-, sino que detonó la guerra de Reforma, conflicto que se habría de prolongar por los próximos tres años, no menos importante es mencionar que ocasionó que por primera vez desde que México nació a la vida independiente, se esta-blecieran dos gobiernos de manera simultánea los que se asumieron como legítimos: el liberal y el conservador. El orden constitucional se reestable-cería en enero de 1861, una vez que Juárez ocupó la ciudad de México, acto que de manera simbólica también marcó el fin de la contienda civil de Tres Años.

Fuentes de Información

Bibliografía

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Archivo Félix Zuloaga. Universidad Iberoamericana Archivo General de la Nación

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• Diario Oficial del Supremo Gobierno de la República

• El Eco

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• El Monitor

• El Monitor Republicano

1 El nombramiento del gobernador de Distrito Federal fue siempre una atribución de encargado del Ejecutivo, cosa contraria al cuerpo municipal que era electo y cuya renovación debía hacerse cada año; sin embargo, las continuas guerras civiles y el estado de excepción de que de éstas derivó hizo imposible, en muchos casos, que pudieran realizarse las elecciones, por lo que el supremo magistrado de la nación fue el encargado de designar a las personas que habrían de integrarlo, de ahí que en más de una ocasión lo

constituyeron con personajes a fines a sus ideas políticas. Lo anterior no fue del agrado de algunos sectores, que impugnaban que si los capitulares no eran electos a través de votaciones perdían su carácter popular y entraban en la categoría de “empleados de la administración”, como lo era el gobernador del Distrito Federal, de ahí que en distintos momentos regidores y síndicos consideraron a esta autoridad como un “funcionario impuesto, que respondía a los intereses del presidente en turno y no a los de la población”. HERRERA SERNA, Laura, “El impacto de la ocupación del ejército estadounidense en la geopolítica de la ciudad de México”, en COLLADO, Carmen, Miradas recurrentes: la ciudad de México en los siglos XIX y XX, Instituto Mora-UAM, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México, 2004, vol. I, p. 188.

2 PORTILLA, Anselmo, México en 1856 y 1857: gobierno del general Comonfort, SEGOB, INEHRM, México, 1987, p. 44.

3 SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, Una historia constitucional de México, IIJ-UNAM, México, 2019, t. II, ps. 869-871. Esta obra es sin duda fundamental para entender el proceso del constitucionalismo mexicano, en particular para el periodo que se aborda el presente trabajo debido al completo estudio que el autor hace de los debates al interior del Congreso Constituyente, así como las personas que los integraron al analizar sus perfiles y antecedentes políticos. En el constituyente de 1856-1857 “se debatieron temas que antes no se había atrevido a abordar, como los derechos de las mujeres, la situación de los indios, el problema agrario y la libertad religiosa. El cuerpo colegiado aprobó la limitación de los fueros militares y eclesiásticos; la desamortización de los cie-nes del clero, y derogo varias de las normas decretadas durante el último gobierno de Santa Anna” Véase, El Congreso Constituyente de 185, INEHRM-Secretaría de Cultura, México, 2018, p. 9.

4 Archivo Histórico del Distrito Federal, Fondo: AGDF, Serie: Actas de Cabildo, vol.

178A, f. 351, sesión del 6 febrero de 1857. (En adelante AHDF)

5 VILLEGAS REVUELTAS, Silvestre, “Ignacio Comonfort y su tiempo, un relevo de generaciones”, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, tesis de licenciatura en historia, México, 1986, ps. 144-145. Brian Connaugthon, refiere que dicho texto no gozó del apoyo y simpatía “en prácticamente ningún sector de la opinión pública; para los liberales puros […] no había cumplido cabalmente con la promesa de nuevas libertades nacionales, para los moderados, atentaba contra la pacífica convivencia entre la Iglesia y el Estado”, de ahí que se convirtió en el blanco de todos los grupos políticos. CONNAUGTHON, Brian, “De la tensión de compromiso al compromiso de gobernabilidad. Las Leyes de Reforma en el entramado de la conciencia política nacional”, en CONNAUGTHON, Brian y Celia del Palacio (Coords.), México durante la Guerra de Reforma, Universidad Veracruzana, México, 2011, t. I, p. 107.

6 Así lo estableció el artículo 10 de dicho decreto. Al respecto véase “Juramento de la Constitución”, en Diario de Avisos, 19 mar. 1857, ps. 1-2.

7 En este sentido Bautista García ha mostrado la inconformidad que el juramento de la Constitución causó en el episcopado mexicano, así como la reacción de algunos obispos como el de Chiapas, Guadalajara y Michoacán. En el primero de estos estados nos dice que el gobernador y las autoridades juraron sin reservas por lo que “el obispo les comunicó que ya no podían ser recibidos con los honores acostumbrados en la iglesia catedral y que se abstuvieran de presentarse a fin de evitar un “desaire, falta de respeto o sedición” por parte del clero”. No solo eso, en una circular que el obispo envió al ministro de Gobernación, le mencionó que había dado instituciones a los párrocos de esa demarcación eclesiástica para que advirtieran a sus fieles que no juraran la constitución y aquellos que lo hicieran quedarían excomulgados. BAUTISTA GARCÍA, Cecilia Adriana, Las disyuntivas del Estado y de la Iglesia en la consolidación del orden liberal, México, 1856-1910, Col-mex-UMSNH, México, 2012, p. 128. En la misma obra, esta autora refiere el caso del obispo de Michoacán, José Clemente de Jesús Munguía, quien, desde el exilio, dio instrucciones a los párrocos de ese obispado para que no diera sepultura eclesiástica a aquellos que juraron la Constitución, al tiempo de conminar que no se les “hicieran oficios religiosos, ni oraciones, no recibieran limosnas por las almas de los que en ese estado murieran”.

8 Citamos aquí un ejemplo. A finales del mes de marzo de 1857 el doctor Leopoldo Río de la Loza fue separado del cargo de director del colegio Nacional de Agricultura por negarse a jurar el texto constitucional, como él, muchos prefirieron ser vetados del ejercicio de sus funciones antes que jurar un código que consideraban atentaba contra la Iglesia y sus creencias religiosas. “Separación” en Diario de Avisos, 23 mar. 1857, p. 2.

9 PANI, Erika, Para mexicanizar el Segundo Imperio. El imaginario político de los imperialistas, Colmex-Instituto Mora, México, 2001, p. 154 y SCHOLES, Walter, Política mexicana durante el régimen de Juárez, 1855-1872, FCE, México, 1972, p. 45.

10 PANI, Erika, “Iglesia, Estado y Reforma: las complejidades de una ruptura”, en

CONNAUGTHON, Brian y DEL PALACIO, Celia, op. cit., t. I, p. 49.

11 KNOWLTON, Robert J., Los bienes del clero y la reforma mexicana, 1856-1910, FCE, México, 1985, ps. 71-72.

12 Idem y BAUTISTA GARCÍA, Adriana, op. cit., ps. 128-131. El primero de estos autores apunta que “el juramento se efectuó pacíficamente casi en todos los lugares; la oposición se manifestó principalmente en pueblos sin importancia”, sin embargo, esto ha sido objetado por Covo y Hernández López, quienes apuntan que la ceremonia de la jura provocó disturbios, incendios y pillaje, acciones que requirieron de la intervención del ejército, el que, en muchos casos, reprimió estas manifestaciones. HERNÁNDEZ LÓPEZ, Conrado, “Militares y conservadores en la Reforma y el Segundo Imperio (1857-1867)”, Colmex, tesis de doctorado en Historia, México, 2001, ps. 101 y 160-162 y COVO, Jacqueline, Las ideas de la Reforma en México (1855-1861), UNAM, México, 1983,

p. 480. Esta autora describe cómo se realizó el juramento a la Carta Magna en las ciudades de Guanajuato, Tulancingo, San Luis Potosí, Michoacán y Veracruz.

13 Acta de municipalidad y pueblos de Calimaya manifestando que no jurarán la Constitución de 1857. Calimaya, 14 de abril de 1857. Archivo Histórico de Estado de México, Fondo: Gobernación, Serie: Municipios, vol. 2, exp. 28, fs. 1-6. (En adelante AHEM)

14 Juan José Baz fue regidor en 1852, encargado de la comisión de Empedrados y Obraría Mayor, junto con Félix Zuloaga. En 1855 fue designado gobernador del Distrito Federal por Juan Álvarez, cargo que le fue ratificado por Comonfort al asumir la presidencia. AHDF, Fondo: AGDF, Serie: Regidores, vol. 3841, exp. 27, f. 1 y AHDF, Fondo: AGDF, Serie: Bandos, leyes y decretos, caja 28, exp. 93.

15 RODRÍGUEZ PIÑA, Javier, “El Ayuntamiento conservador de 1849. Una experiencia democrática frustrada”, en COLLADO, Carmen, op. cit., vol. I, ps. 208-225.

16 Joaquín González de la Vara a Félix Zuloaga. México, 20 ene. 1858. Archivo Félix Zuloaga, Universidad Iberoamericana (En adelante AFZ-UIA), caja 3, doc. 1002 AHDF, Fondo: AGDF, Serie: Actas de Cabildo, vol. 179A, f. 187 y vol. 180A, f. 29-31. Knowlton registra que en la Aduana de la ciudad de México, cuarenta funcionarios perdieron sus empleos por haberse negado a jurar la Constitución, entre los que figuraban los generales Florencio Villareal, Pedro Ampudia y Martín Carrera. KNOWLTON, Robert, op. cit., p. 73.

17 COVO, Jaqueline, op. cit., p. 479.

18 COVO, Jaqueline, p. 480, HERNÁNDEZ LÓPEZ, Conrado, op. cit., ps. 101 y 162 e IRACHERTA CENECORTA, Pilar, “El Estado de México durante la República Federal y la dictadura Santannista”, en SUGIURA, Yoko (Coord.), Historia General del Estado de México, Gobierno del Estado de México-El Colegio Mexiquense, México, 1998, t. IV,

p. 226.

19 VILLEGAS REVUELTAS, “Ignacio Comonfort…”, op. cit., ps. 144-145.

20 VILLEGAS REVUELTAS, Silvestre, “La constitución de 1857 y el golpe de Estado de Comonfort”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, IIH-UNAM, México, 2001, ps. 59-81.

21 PAYNO, Manuel, Memorias sobre la revolución de diciembre de 1857 a enero de 1858, INEHRM-gobierno de estado de Puebla, México, 1987, ps. 31-42. Comonfort tomó posesión como presidente constitucional el 1 de diciembre de 1857

22 ZAMACOIS, Niceto de, Historia de Méjico desde sus tiempos más remoto hasta nuestros días…”, J. F. Parres, Barcelona, 1876, vol. XIV, p. 673.

23 PAYNO, Manuel, op. cit., p. 44. Además de la capital, el presidente consideraba de suma importancia el respaldo de Veracruz y Puebla así como el de Manuel Doblado, gobernador del estado de Guanajuato. Ya desde 1856, Manuel Siliceo, había advertido que la Guardia Nacional del Distrito Federal era “enteramente de los puros”. “Siliceo a Doblado, 24 nov. 1856”, en CONNAUGTHON, Brian, op. cit., p. 93.

24 Baz fue regidor del ayuntamiento de la ciudad de México en 1852 -como encargado de la comisión de Empedrados y Obraría Mayor- el mismo año que Félix Zuloaga se

desempeñó como edil. En 1855 Juan Álvarez lo designó gobernador del Distrito Federal, cargo que, al asumir la presidencia Ignacio Comonfort le ratificó. AHDF, Regidores, vol. 3841, exp. 27, f. 1 y AHDF, Bandos, leyes y decretos, c. 28, exp. 93.

25 BAZ, Juan José, Manifiesto que hace al público el C. Juan José Baz, contradiciendo las calumnias que respecto a él se han vertido con ocasión del pronunciamiento conocido con el nombre de Golpe de Estado, Tip. de Octaviano Ortiz, Morelia, 1859, ps. 2-3. Sobre las leyes reformistas que se emitieron durante el breve gobierno de Juan Álvarez y las campañas militares contra los grupos opositores a Comonfort en el transcurso de 1856, véase el trabajo de VILLEGAS REVUELTAS, Silvestre, “Santannismo. Reforma liberal y las campañas de Puebla en 1856”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, IIH-UNAM, México, 2010, ps. 13-52, GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia, “Liberalismo y secularización: impacto de la primera reforma liberal”, en GALEANA, Patricia (Coord.), Secularización del Estado y la sociedad, Siglo XXI, México, 2010, pp. 81-84 y BAZANT, Jan, “La Iglesia, el Estado y la sublevación conservadora en Puebla en 1856”, en Historia Mexicana, Colmex, México, 1985, vol. 35, ps. 93-109.

26 “Rumores” en El Monitor Republicano, 17 dic. 1857, p. 3 y PAYNO, Manuel, op cit., ps. 45-47.

27 Abogado. Miembro del grupo liberal moderado. Durante el gobierno de Comonfort fue Ministro de Fomento, cargo que ocupó del mes de diciembre de 1855 al de septiembre de 1857.

28 Abogado. Al realizarse las postulaciones al Congreso Constituyente en 1856, el periódico La hoja conciliadora lo mencionó como candidato a diputado propietario por el Distrito Federal junto con León Guzmán, Miguel Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto, sin embargo, los votos no le fueron favorables. BUENROSTRO, Felipe, Historia del primer congreso constitucional de la República Mexicana que funcionó en el año de 1857…, Impr. de Ignacio Cumplido, México, 1874, p. 37.

29 PAYNO, Manuel, op. cit., ps. 45-47 y 101.

30 Abogado. Diputado al Constituyente de 1856, en el que se distinguió, en palabras de Zarco, “por la pureza de su dialéctica”. Formó parte de la comisión redactora de la Constitución de 1857. Previo al movimiento político del mes de diciembre fue diputado propietario por el sexto distrito del Distrito Federal al Congreso Constitucional. ZARCO, Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857, Imp. de Ignacio Cumplido, México, 1857, t. I, p. 35.

31 Hermano de Juan José Baz. En 1856 comandaba el Batallón Degollado de la Guardia Nacional del Distrito Federal, cuerpo al que se integró en 1847 con motivo de la guerra con Estados Unidos. Previo al golpe de Estado era diputado propietario por el Distrito Federal. BUENROSTRO, Felipe, op. cit., p. 38.

32 Abogado. Propietario por el Quinto distrito de la capital del país en el Congreso Constitucional de 1857. Previo al golpe de Estado era comandante del batallón Morelos de la Guardia Nacional del Distrito Federal a la que se había incorporado en 1847.

BUENROSTRO, Felipe, op. cit., p. 38, Archivo General de la Nación, Gobernación y Policía, vol. 300, caja 1, f. 124, (En adelante AGN)

33 Bien puede tratarse de Ignacio Peña y Barragán, entonces diputado al Congreso constitucional por el Distrito Federal.

34 BAZ, Juan José, op. cit., ps. 16-17.

35 Idem.

36 Rosaura Hernández refiere que muchos de estos personajes, “moderados amigos de Comonfort”, se agruparon en los batallones Independencia y Victoria, aunque también se distinguieron en el Bravo, Hidalgo y Mina. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Rosaura, Ignacio Comonfort: trayectoria, política, documentos, IIH-UNAM, México, 1967, p. 23, ROA BÁRCENA, José María, Recuerdos de la invasión norteamericana, 1846-1848, por un joven de entonces, Impr. de V. Agüeros, México, 1902, t. II, ps. 264-273 y PRIETO, Guillermo, Memorias de mis tiempos, Conaculta, México, 2005, ps. 390-392.

37 PRIETO, Guillerno, op. cit., ps. 272-273, 360 y 379.

38 El art. 1 del plan proclamado por la brigada Zuloaga rezaba: “Desde esta fecha cesará de regir en la República la Constitución de 1857”, si bien en su artículo tercero especificaba que a los tres meses de adoptado este plan por los Estados, “el encargado del poder ejecutivo convocará un nuevo Congreso extraordinario, sin más objeto que el de formar una Constitución que sea conforme con la voluntad nacional y garantice los verdaderos intereses de los pueblos. Dicha Constitución, antes de promulgarse, se sujetará por el Gobierno al voto de los habitantes de la República”. El plan de Tacubaya puede consultarse en Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Operaciones militares, exp. XI/481.3/4129.

39 DE LA PORTILLA, Anselmo, op. cit., p. 292 y “Alexis de Gabriac al gobierno francés. México, 18 dic. 1857” en DÍAZ, Lilia, Versión francesa de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1974, vol. I, p. 445.

40 BALBONTÍN, Manuel, Memorias del general Manuel Balbontín, ELEDE, México, 1958, p. 164.

41 La oficialidad que mandaba los cuerpos aludidos pertenecía a la alta jerarquía cas-trense pues entre ellos se encontraban el general de división Ignacio Mora y Villamil, Manuel Plowes, Miguel Piña, Carlos Palafox, Rafael Espinosa, director del Colegio Militar, Ángel E. Trías y el coronel Manuel Balbontín, por mencionar solo algunos de ellos. Manuel Payno es de la idea, sin duda acertada, de que distintos cuerpos de la tropa de línea nunca juraron la Constitución, de ahí que “en consecuencia moralmente estuvieron en rebelión desde ese mismo momento”. PAYNO, Manuel, Defensa que hace el C. M. Payno en la causa que se le ha instruido por la Sección del Gran Jurado del Congreso Nacional por el participio que tomó en los sucesos de diciembre de 1857, Imprenta de J. Abadiano, México, 1861, p. 96.

42 “Agustín Alcérreca a los habitantes del Distrito. México, 17 dic. 1857”, en El Monitor Republicano, 18 dic. 1857, p. 1.

43 Idem.

44 Investigaciones recientes apuntan que la separación de Baz se debió a las críticas que había hecho al gobierno, en particular a la moderación de Comonfort; así, su destitución correspondió a motivos políticos y no tanto al hecho de que no pudiera ejercer ambos puestos a la vez como se ha mencionado. CÓRDOBA RAMÍREZ, Irina, Manuel Payno: los derroteros de un liberal moderado, Colmich, México, 2006, p. 152.

45 AHDF, Fondo: Ayuntamiento y Gobierno del Distrito Federal, Serie: Bandos, leyes y decretos, caja 29, exp.62.

46 Agustín Alcérreca Leyva al igual que Comonfort había nacido en la ciudad de Puebla. Los vínculos entre estas familias habrían de estrecharse años más tarde, cuando el 7 de abril de 1865 Victoriano Alcérreca Villanueva y Clara Comonfort Baamonde, hijos de aquellos, se casaron en la ciudad de México, ceremonia de la que fueron testigos José María Lafragua y Manuel Siliceo. Consultado En http://gw.geneanet.org/san-chiz?lang=es&p=victoriano&n=alcerreca+villanueva. Los vínculos políticos y militares de Comonfort se extendían más allá de la ciudad de México. En los estados, algunos apoyaron el golpe por los lazos de amistad que los unían. En esta posición se hallaron Jesús Andrade, Emilio Langberg y Felipe Berriozábal, quienes hicieron que las ciudades de Toluca, Cuautla y Huejutla adoptaran el plan y reconocieron que fue por el aprecio hacia el presidente por lo que secundaron el movimiento. BALBONTÍN, Manuel, Memo-rias…, op. cit., p. 171. En efecto, el presidente golpista contaba en el Estado de México con las guardias nacionales de los distritos de Cuernavaca, al mando de Eligio Ruedas, y las de Tulancingo comandadas por Alejo Barreiro. HERNÁNDEZ LÓPEZ, Conrado, op. cit., p. 175 y El Monitor, 25 may. 1861, p. 3.

47 Alcérreca era general en jefe de una de las principales brigadas que estaban acanto-nadas en la ciudad de México, esta situación y sus vínculos con otros oficiales sin duda fueron factores por los que consideró podría conservar el orden en la capital de la república.

48 AHDF, Fondo: AGDF, Serie: Ayuntamiento, vol. 397, exp. 346, f. 1. El acta a la que hacemos referencia fue denominada por los editores de El Monitor Republicano, en su número del 31 de diciembre, como un “Documento histórico”. Contrario a esta visión o quizá mal informado, el periódico conservador El Eco anunció que el Ayuntamiento había secundado el golpe. El Eco Nacional¸ 17 dic. 1857, p. 3.

49 PAYNO, Manuel, Memorias…, op. cit., p. 104.

50 Idem.

51 Luis G. Picaso al Ayuntamiento. México, 26 dic. 1857, AHDF, Fondo: AGDF, Serie. Ayuntamiento, vol. 397, exp. 344, f. 1.

52 Este fue el caso de Felipe Buenrostro y Manuel Villamil. Vicente Riva Palacio al gobernador del Distrito. México, 26 dic. 1857, AHDF, Fondo: AGDF, Serie. Ayuntamiento, vol. 397, exp. 344, f. 5. El Ayuntamiento quedó integrado de la siguiente manera: Presidente: Miguel M. de Azcárate, Regidores: Carlos Sánchez Navarro, Benito Gómez

Lamadrid, Wenceslao Reyes, José Cortina y Cortina, José M. Carballeda, Felipe Buenrostro, Luis Ansorena, Miguel Badillo, Luis G. Barreiro, Fernando Escandón, Vidal Castañeda y Nájera, Francisco Armijo, Francisco Palacios, Aniceto Ortega, Manuel Villamil, Síndicos: Alejandro Arango y Pedro Elguero. A diferencia del cuerpo que lo antecedió, la nueva corporación se compuso por individuos de disímiles tendencias políticas, es decir fue más heterogéneo, pues se conformó de liberales moderados, liberales radicales y conservadores.

53 Ese día el general José de la Parra se pronunció en la Ciudadela de la ciudad de México y modificó el artículo 2º del plan de Tacubaya del 17 de diciembre, en el que se estipulaba que Ignacio Comonfort continuaría al frente del Ejecutivo con facultades om-nímodas para arreglar los diversos ramos de la administración pública. Así desconoció al presidente y nombró a Félix Zuloaga general en jefe del Ejército Regenerador, la ruptura fue total y las consecuencias inmediatas fueron la guerra de Reforma.